La facturación electrónica será obligatoria para empresas y autónomos en 2026
La Ley Crea y Crece, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece la obligatoriedad del uso de facturación electrónica para todas las empresas y autónomos en España a partir de 2026. El objetivo principal es combatir la morosidad, fomentar la digitalización empresarial y aumentar la transparencia en las relaciones comerciales.
Desde esa fecha, las empresas estarán obligadas a remitir sus facturas de manera instantánea a la Agencia Tributaria mediante sistemas que cumplan requisitos específicos de seguridad, integridad y trazabilidad, definidos en el Real Decreto 1007/2023.
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Nuevas normativas técnicas y funcionales
Con la publicación de la Orden HAC/1177/2024, se han especificado las características que deben cumplir los programas de facturación. Los sistemas deberán garantizar:
- Integridad y trazabilidad: Asegurar que los registros no puedan ser alterados.
- Seguridad: Uso de firma electrónica avanzada y autenticación de los emisores.
- Formato XML: Estandarización para el envío de datos.
Además, las facturas deberán incluir un código QR que cumpla con estándares técnicos específicos y medidas reglamentarias (entre 30×30 y 40×40 mm).
Plazos de implementación según tipo de empresa
El proceso de adaptación se establece en función del volumen de facturación anual:
- Empresas con más de 8 millones de euros: Un año desde la publicación del reglamento.
- Empresas con menos de 8 millones: Dos años para adaptarse, es decir, hasta 2027.
- Autónomos: Entre uno y dos años adicionales para cumplir con todas las obligaciones.
Desde julio de 2026, las empresas con menos de 6 millones de euros de facturación deberán enviar las facturas electrónicas instantáneamente a Hacienda.
Ventajas de la facturación electrónica
La digitalización de las facturas aporta múltiples beneficios:
- Reducción de morosidad: Facilita el control de los pagos pendientes.
- Mayor seguridad: Almacenamiento digital que previene pérdidas y alteraciones.
- Acceso en tiempo real: Posibilidad de consultar las facturas desde cualquier lugar.
- Ahorro de costes y sostenibilidad: Menor dependencia del papel y reducción de la huella de carbono.
- Competitividad: Fomenta la modernización y eficiencia de las empresas.
El Gobierno también ha impulsado el Kit Digital, un programa de ayudas para facilitar la adquisición de programas de facturación electrónica y otros procesos de digitalización.
Sanciones por incumplimiento
No adaptarse a las normativas de facturación electrónica se considerará una infracción administrativa, sancionable con multas de hasta 10.000 euros. La cuantía dependerá del número de afectados y la persistencia de la infracción. Los desarrolladores de software también estarán obligados a ofrecer soporte técnico y actualizaciones para cumplir con las nuevas exigencias.
Un paso hacia la modernización y la transparencia fiscal
Con estas medidas, España busca no solo digitalizar las relaciones comerciales, sino también reducir el fraude fiscal y mejorar la competitividad de las empresas en un entorno globalizado. La transición será progresiva, garantizando asistencia técnica y apoyo financiero a las pequeñas empresas y autónomos.
La facturación electrónica se perfila como una herramienta clave para modernizar la economía, contribuyendo a una gestión más eficiente, segura y sostenible.
